Intervención de la IEPES en ‪la Commission Narcotic Drugs inter sessional meeting Post-UNGASS:

Saludos, muchas gracias por el espacio, soy el Rvdo. Martin Diaz de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador.

La realidad es que los gobiernos de Centroamérica han sido negligentes, tolerantes y cómplices de la narco-actividad desde los años ochenta hasta hoy.

Por ello, es necesario que la comunidad internacional priorice el real combate a las Organizaciones de Tráfico de Drogas (OTD) y apoye esfuerzos de la sociedad civil que impulsen políticas inteligentes frente al crimen organizado; políticas que se  enfoquen en investigar y desarticular estructuras criminales dentro de los aparatos del Estado. Esto es posible con una cooperación más efectiva y además en el caso de El Salvador el impulso de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, que actualmente es rechazada por la clase política salvadoreña.

Urge que los países que apoyan a los gobiernos centroamericanos en materia de seguridad reorienten su cooperación para el combate al crimen organizado, pues actualmente los países cooperantes financian Programas y fuerzas conjuntas en la región que reciben grandes cantidades de dinero, equipos, mobiliario, infraestructuras, entrenamiento y tecnología (sobretodo para combatir la narcoactividad) con resultados mínimos y violaciones a los derechos humanos.

La economía de las drogas ilegalizadas avanza tomando control de los Estados de la región. Igual que con el narcotráfico, los gobiernos han negado en reiteradas ocasiones que el lavado de dinero exista. Es fundamental capacitar, entrenar y equipar a los fiscales especializados en investigación y persecución al lavado y blanqueo de activos. Pero, por la fragilidad del Estado de derecho e influencia de las OTDs en la región es necesario el acompañamiento de comisionados y relatores especiales.

La respuesta política que rompa este círculo de la muerte requiere apertura de espacios políticos en el Triángulo Norte, donde cada país genere y gestione conocimientos promoviendo un debate local y regional incluyente. El Salvador, Honduras y Guatemala atraviesan un momento histórico por la profunda crisis política. Esto ofrece oportunidades invaluables para abordar el debate sobre políticas de drogas y su conexión con otros delitos como corrupción, lavado de activos, etc.
Consideramos importante la relación entre entidades internacionales y sociedad civil, pues ésta última padece las consecuencias del actual modelo de “fiscalización internacional de drogas”. Desde la sociedad civil exigimos un enfoque hacia la regulación de los mercados y la implementación de políticas públicas de reducción de daños y gestión de riesgos, fortaleciendo y democratizando espacios como el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil (CSTF).

Apoyar los esfuerzos de la sociedad civil permitirá tener una mejor visión y aprovechar los recursos en materia de seguridad, combatiendo de una vez por todas a las estructuras de las OTD, descriminalizando, por fin!, a las juventudes y a las personas que usan drogas (PQUD).

Esta retórica debe reflejarse en cambios concretos en las políticas, leyes y prácticas en materia de drogas. Pero, falta financiar presupuestos de prevención y educación sobre drogas, generar espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo y el fomento de la investigación científica sobre propiedades terapéuticas de las sustancias psicoactivas.

El Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, sangran; su población necesita urgente de la cooperación internacional para lograr derrotar la corrupción y el crimen organizado afianzado en las estructuras del Estado.

Gracias!

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