Propuesta Legislativa y Municipal en materia de Seguridad, hacia una Nueva Política de Drogas basada en estrategias de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños

Presentación:

La sociedad salvadoreña está gravemente afectada por la violencia delincuencial y esta situación ha crecido con el paso del tiempo. Según estudios de percepción de años anteriores, la proporción de personas que declaran sentirse inseguras ha pasado del 38% en 2004, al 55.4% en 2009. El hecho de que más de la mitad de la población viva con miedo, es el resultado de muchos años soportando los daños provocados por la violencia y delincuencia que vivimos en nuestro país. Y la noticia más lamentable es que la mayoría de víctimas y un porcentaje bastante significativo de los victimarios, son jóvenes.

La actual exacerbación de la violencia en México y Centroamérica es una clara consecuencia de la “guerra contra las drogas” lo cual venimos planteando en reiteradas ocasiones, advirtiendo que la violencia puede reducirse con la regulación de las sustancias para que además el mercado negro deje de proporcionar sustancias altamente tóxicas y adictivas a las/os usuarias/os y se tenga la posibilidad del autocultivo para uso personal.

Considerando nuestras obligaciones de servicio a la población más vulnerada, la ASOCIACIÓN PAZ EN EL SALVADOR y la IGLESIA EVANGÉLICA PROTESTANTE DE EL SALVADOR, afirmamos que desconocer una dimensión esencial de la vida humana en Salud, Seguridad y Educación para Gobernar el país en la actualidad, es Negligencia Inexcusable.

Sabemos que la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD) Decreto No.153, ha resultado ser lesiva en la mayor parte de los casos, generando secuelas indeseables como la estigmatización laboral, familiar y educacional, además de las consecuencias físicas y psicológicas. Existe abundante evidencia científica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas. La evidencia muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de Salud Pública y de Derechos Humanos.

No puede desconocerse, ignorarse y en definitiva violentarse, la condición fundamental del Ser Humano, su existencia espiritual, menos aún por los organismos de Estado, sin corromper con ello la naturaleza misma de nuestra convivencia y el Estado de Derecho; es por esto que los Estados Americanos, en la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocieron “…que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.

En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reitera en el mismo sentido que “… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”

Luego en 1969, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, los Estados signatarios entre estos El Salvador reafirman su compromiso con el respeto a los Derechos Esenciales, que no tienen su origen en la nacionalidad sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana “…razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;” Entonces, la dimensión espiritual de la naturaleza humana y los derechos esenciales que de ella emanan, han sido reconocidos y su ejercicio es garantía protegida por el régimen interno de los Estados y por un sistema internacional, de manera que todas las Personas pueden exigir el cumplimiento efectivo de este derecho al despliegue y cultivo de la espiritualidad, tanto al propio Estado como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1969).

Los esfuerzos gubernamentales, de las ONG’s, OBF’s y de la cooperación internacional contra la violencia, el combate al narcotráfico y el crimen organizado son cada vez mayores, pero el fenómeno parece no detener su camino ascendente. La ASOCIACIÓN PAZ EN EL SALVADOR y la IGLESIA EVANGÉLICA PROTESTANTE DE EL Salvador están aunando esfuerzos en el diseño de medidas técnicas aplicables para contribuir a solucionar el problema. En conjunto hemos identificado como necesidades la presentación de propuestas municipales y legislativas sobre el consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional y la promoción y presentación de una propuesta en materia de seguridad sobre la violencia y delincuencia a nivel nacional que permita a los diferentes sectores que componen la sociedad salvadoreña, comprender las características de la violencia y delincuencia a nivel nacional; además de evaluar las formas de atenderla con una serie de propuestas estratégicas y líneas de acción para la reducción de demanda de drogas y prevención de violencia en El Salvador.

Pero para prevenir y disminuir el problema de la violencia es indispensable identificar los factores de riesgo asociados a la misma. La presente propuesta propone soluciones al problema de la violencia; y cómo afecta directamente a los jóvenes; y, especialmente, cuales son algunos de los factores de riesgo que se hace necesario reducir para prevenir la violencia: La desatención familiar, la crisis de valores y problemas de identidad en las juventudes; la deserción escolar y las escasas oportunidades de formación laboral y empleo; las amenazas del ambiente externo y la ausencia de políticas públicas de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños son algunas de las propuestas que más adelante se establecen.

La realidad social nos muestra día a día el rostro de miles de jóvenes que son víctimas y victimarios. No se debe permitir que esta escalada de violencia y muerte continúe. La ASOCIACIÓN PAZ EN EL SALVADOR y la IGLESIA EVANGÉLICA PROTESTANTE DE EL SALVADOR desean contribuir con propuestas de solución al problema de la violencia en El Salvador. Motivar a la vez a los diferentes sectores del país: empresarios, gobierno, iglesias, medios de comunicación, cooperación internacional, sociedad civil y especialmente, candidatos a alcaldes y candidatos a diputados a involucrarse a la solución.

En gran medida, la violencia en El Salvador y América Central es producto de causas estructurales, sistémicas e históricas cuya transformación profunda no es algo que pueda conseguirse en el corto plazo. Sin embargo, la experiencia concreta y los estudios en materia de prevención de la violencia con jóvenes demuestran que cuando se abordan los factores de riesgo desde una perspectiva integral y sistemática se pueden ver no sólo los cambios iniciales a corto plazo, sino también se establecen patrones de convivencia ciudadana que sostiene cambios significativos en toda una generación.

Plan de Seguridad

Objetivo:

Fortalecer y establecer instancias, mecanismos y prácticas que favorezcan un enfoque integral de la seguridad, privilegiando la adopción de estrategias preventivas que fomenten la cohesión social y la aplicación de metodologías de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños, propiciando espacios de colaboración interdisciplinaria entre las autoridades encargadas de salud, educación, seguridad pública y la ciudanía (en particular, las juventudes).

Propuestas Generales:

  • Reorientar la visión de las fuerzas de seguridad del Estado (lo cual incluye tanto a las fuerzas civiles como a las judiciales y militares), relevando la importancia de la policía comunitaria y humanizando la formación policial mediante la adopción de enfoques basados en los derechos humanos, gestión de riesgos y reducción de daños a través de mecanismos alternativos de transformación de conflictos.
  • Fomentar la participación de las comunidades organizadas y PQUD (personas que usan drogas) en temas de seguridad, reducción de demanda de drogas y prevención de la violencia, estableciendo programas participativos de seguridad integral en las comunidades.
  • Generar mayor inversión en proyectos que unifique de forma multidisciplinaria los programas sociales del gobierno relativos a la salud, educación y seguridad. Estos programas deberán tener un claro y explicito enfoque de colaboración intergeneracional.
  • Promover, potenciar y mejorar el trabajo comunitario de jóvenes en conflicto con la ley penal que se encuentren cumpliendo sanciones alternativas a la privación de libertad, incluyendo programas de seguimiento post penitenciario que faciliten la reinserción social de jóvenes, sin estigmatización alguna. Asimismo promover prácticas restaurativas con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, en las distintas fases del proceso judicial.
  • Reorientar la visión de los sistemas penitenciarios, procurando que las sanciones de privación de libertad y el cumplimiento de condenas se fundamenten en enfoques rehabilitadores, con visión de reinserción socio-laboral.
  • Creación y desarrollo de metodologías enfocadas en reducción de daños y justicia restaurativa como métodos alternativos a la resolución de conflictos en programas de rehabilitación y reinserción social.
  • Construcción de agendas de trabajo multidisciplinario e intersectorial que incorpore nuevas técnicas y métodos que contribuyan a la reinserción y rehabilitación efectiva, en los cuales se considere la implementacion de programas sanitarios y de educación superior dentro de los centros penales.
  • Creación y desarrollo de diplomados sobre Derechos Humanos, Reducción de Daños y prácticas restaurativas dirigidos al personal de educación, salud y seguridad pública.
  • Incluir en las políticas de seguridad acciones concretas para prevenir la trata de personas, la explotación sexual comercial y tráfico de órganos. ( las juventudes son las más afectadas por las redes criminales que se dedican a la comisión de estos delitos.)
  • Promover e implementar políticas regionales para el control de armas y municiones.
  • Reformar la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas (LRARD) Decreto No.153, para convetirla en una ley que se apague a la abundante evidencia científica que demuestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de Salud
  • Pública y de Derechos Humanos.
  • Revisar los planes de seguridad que se implementarán en El Salvador, mejorando su funcionalidad y poniendo especial énfasis en los esfuerzos que se realizan en materia de reducción de demanda de drogas y prevención de la violencia.
  • Crear organismos especializados en gestión de riesgos y reducción de daños. Este tipo de trabajo es indispensable para orientar eficientemente la inversión pública relacionada con políticas, planes y proyectos de prevención en salud y seguridad pública.
  • Potenciar las medidas de seguridad en las fronteras para reducir el tráfico de armas de fuego, que son la principal causa de muertes violentas en El Salvador. Asimismo, promover campañas de responsabilidad ciudadana acerca de la necesidad de reducir el uso de armas de fuego.
  • La policía debe contar con capacidades instaladas a nivel institucional (unidades técnicas, equipos, funcionarios, entre otros) que se especialicen en el manejo adecuado del ambiente deportivo, de manera que se aborde con mayor eficacia el fenómeno de la participación de jóvenes en barras deportivas.
  • Crear cuerpos de seguridad especializados en atención a la niñez, la adolescencia y la juventud, con el objeto de atender de manera adecuada las necesidades y demandas de estos grupos no minoritarios de población.
  • Promoción de la cultura de paz mediante actividades que fortalezcan la convivencia comunitaria y ciudadana. Las juventudes de El
  • Salvador deben jugar un rol fundamental en las diversas actividades que se generen.
  • Acercamiento de los operadores de justicia con la sociedad civil.
  • Desarrollar proyectos piloto con delitos menores sobre la aplicabilidad de la justicia y prácticas restaurativas, con el fin de ejercer procesos de medición de impacto a partir de las transformaciones de las relaciones sociales de las víctimas y victimarios.
  • Generar campañas de comunicación sobre prácticas para la justicia restaurativa.
  • Realizar una urgente depuración dentro de la PNC y la FGR.

Propuestas Legislativas

  • Crear y aprobar ley de inserción de los y las jóvenes que ya no son parte de pandillas.
  • Generar asignación presupuestaria para programas y proyectos nacionales y locales de reducción de demanda de drogas y prevención de la violencia.
  • Promover la asignación de presupuesto para la generación de talleres de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños .
  • Crear y aprobar ley de justicia restaurativa para jóvenes.
  • Reformar La Ley Penal Juvenil, para la disminución de condena, para brindar servicio civil comunal obligatorio.
  • Crear y aprobar la ley de servicio civil para jóvenes de las cárceles.
  • Reformar la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas (LRARD) Decreto No.153.
  • Modificar, para hacer eficaz, la Ley de Radio y Televisión para el control de contenidos indebidos en los programas de televisión de otros medios.

Propuestas para Concejos Municipales

  • Crear y fomentar comités de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños en el gobierno local. Incluir los diferentes sectores de la sociedad en la protección de la seguridad social de jóvenes.
  • Crear la unidad de cultura de paz que aplique estrategias de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños con asignación presupuestaria.
  • Promover las denuncias de cualquier tipo de violencia a juventudes.
  • Establecer programas de concientización a las personas sobre la tipología de la violencia.
  • Promover actividades locales de prevención de la violencia de género.
  • Coordinar alianzas con ONG’s y OBF’s para la ejecución de proyectos y festivales de cultura de paz al menos tres veces al año.
  • Ejecutar programas de prevención de la delincuencia y reducción de daños que garanticen mayor seguridad en comunidades dominadas por pandillas.
  • Realizar acciones y programas que fomenten la protección contra abusos sexuales en jóvenes.
  • Establecer alianzas con ONG’s y OBF’s para la formación de procesos sobre el conocimiento y aplicación de los Derechos Humanos sustentados en la Ley y Política de Juventudes y la Convención iberoamericana de Derecho de las y los jóvenes.
  • Coordinar esfuerzos con la Policía Nacional Civil, para que brinden más seguridad en las afueras de los Centros Escolares, colonias, comunidades en riesgos y áreas recreativas.

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