Rvdo. Martin Diaz
Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador

La sociedad salvadoreña está gravemente traumatizada por la guerra social y por la violencia que ésta origina.  Estudios de percepción recientes indican que la proporción de personas que declaran sentirse inseguras ha pasado de un 38% en 2004, a un 53% en 2013. El hecho de que más de la mitad de la población viva con miedo, es el resultado de años de recrudecimiento  de la violencia y la falta de voluntad política del Estado. Muy a pesar del escandaloso y lamentable índice de víctimas y victimarios jóvenes, producto de la criminalización y estigmatización de las juventudes.

Se ha planteado en reiteradas ocasiones, que la violencia puede reducirse con la regulación de las drogas, para que el mercado negro deje de proporcionar sustancias altamente tóxicas y adictivas a las/os usuarias/os y se tenga la posibilidad del autocultivo para uso personal. Esto como una medida concreta contra el narcotráfico y en favor de la salud y la seguridad pública.

Considerando sus obligaciones de servicio a la población más vulnerada, la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador y la Asociación Paz en El Salvador, afirman que desconocer una dimensión esencial de la vida humana en Salud, Seguridad y Educación para Gobernar el país en la actualidad, es negligencia inexcusable.

La Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, ha resultado ineficaz, generando secuelas indeseables como las violaciones a los Derechos Humanos y libertades Individuales. La estigmatización laboral, familiar y educacional, además de las consecuencias físicas y psicológicas.

No puede desconocerse, ignorarse y en definitiva violentarse, la condición fundamental del Ser Humano, su existencia espiritual, menos aún por los organismos de Estado, sin corromper con ello la naturaleza misma de nuestra convivencia y el Estado de Derecho; es por esto que los Estados Americanos, en la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocieron “…que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.

En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reitera en el mismo sentido que “… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”

Luego en 1969, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, los Estados signatarios, entre estos El Salvador, reafirman su compromiso con el respeto a los Derechos Esenciales, que no tienen su origen en la nacionalidad sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana “…razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;”

Entonces, la dimensión espiritual de la naturaleza humana y los derechos esenciales que de ella emanan, han sido reconocidos y su ejercicio es garantía protegida por el régimen interno de los Estados y por un sistema internacional, de manera que todas las Personas pueden exigir el cumplimiento efectivo de este derecho al despliegue y cultivo de la espiritualidad, tanto al propio Estado como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1969).

Existe abundante evidencia científica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas. La evidencia muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de Salud Pública y de Derechos Humanos. A pesar de esto y que los esfuerzos gubernamentales, de las ONG’s, OBF’s y de la cooperación internacional contra la violencia, el combate al narcotráfico y el crimen organizado son cada vez mayores, el fenómeno parece no detener su camino ascendente.

Por ello la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador y la Asociación Paz en El Salvador, unen esfuerzos en el diseño de medidas técnicas aplicables para contribuir a solucionar el problema. En conjunto se ha identificado como necesidades la presentación de propuestas municipales y legislativas sobre el consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional y la promoción y presentación de una propuesta en materia de seguridad sobre la violencia y delincuencia a nivel nacional que permita a los diferentes sectores que componen la sociedad salvadoreña, comprender las características de la violencia y delincuencia a nivel nacional; además de evaluar las formas de atenderla con una serie de propuestas estratégicas y líneas de acción para la reducción de demanda de drogas y prevención de violencia en El Salvador.

Estas propuestas las hemos presentado a más de una quincena de candidatas y candidatos a alcaldes y diputados de todos los partidos políticos que compiten en las elecciones del mes de marzo. Se ha planteado a las y los candidatos, que para prevenir y disminuir el problema de la violencia es indispensable identificar los factores de riesgo asociados a la misma,  y realizar una urgente reforma al Decreto N°153.

La realidad social nos muestra día a día el rostro de miles de jóvenes que son víctimas y victimarios. No se debe permitir que esta escalada de violencia y muerte continúe. Por ello deseamos contribuir con propuestas serias a la resolución del problema de la violencia en El Salvador. Motivar a la vez a los diferentes sectores del país: empresarios, gobierno, iglesias, medios de comunicación, cooperación internacional, sociedad civil y especialmente, candidatos a alcaldes y diputados a involucrarse en un debate serio sobre las alternativas a la actual política de drogas.

En gran medida, la violencia en El Salvador y América Central es producto de la “Guerra Contra Las Drogas”, sin embargo, la experiencia concreta y los estudios en materia de prevención de la violencia con jóvenes demuestran que cuando se abordan los factores de riesgo desde una perspectiva integral y sistemática se pueden ver no sólo los cambios iniciales a corto plazo, sino también se establecen patrones de convivencia ciudadana que sostiene cambios significativos en toda una generación.

El documento entregado a los candidatos, propone soluciones al problema de la violencia que afecta directamente a los jóvenes; y, aclara especialmente, cuáles son algunos de los factores de riesgo que se hacen necesarios reducir la demanda de drogas y prevenir la violencia.  Esto, mediante la aplicación de políticas públicas de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños.

Esperamos que el compromiso de los futuros funcionarios públicos supere la campaña electoral y que el bien común triunfe.

Fuente: IDPC 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *