POR UNA NUEVA POLÍTICA DE DROGAS
HACIA UNA REGULACIÓN RESPONSABLE Y UNA SOCIEDAD ABIERTA

 

  • Por el inmediato fin de las detenciones y procesos  penales a usuarios, y cultivadores nocomerciales de cannabis
  • Por la regulación del acceso al cannabis
  • Por la autorización estatal de los usos medicinales e industriales del cannabis y su investigación científica
  • Por una ley de atención pública, universal y gratuita para los problemas asociados al uso de drogas
  • Por una nueva política de drogas e implementación de políticas de Reducción de Daños y Riesgos
  • Por una ley integral de Salud Mental 
  • Por el cese de la discriminación a las personas que usan drogas y el respeto a sus Derechos Humanos y Libertades Individuales
  • Por una Comisión Nacional Antidrogas eficiente, informada y efectiva en la reducción de demanda de drogas
  • Por un debate serio basado en la ciencia y la razón
  • Por una investigación multidisciplinaria sobre el consumo de sustancias psicoactivas a nivel nacional

Reunidas y reunidos en San Salvador, el 3 de Mayo de 2014, diversos grupos, organismos, instituciones, profesionales, estudiantes y sociedad civil vinculados directa o indirectamente a la temática de políticas de drogas, declaramos que:

a)   La política de drogas ha sido un tema no abordado adecuadamente desde la perspectiva de salud.
b)  La política de drogas ha sido un tema no abordado desde la perspectiva de derechos humanos, que están siendo vulnerados y violentados en virtud de una política de control de drogas fundada exclusivamente en criterios represivos y penales.
c)   La ley reguladora de las actividades relativas a las drogas (LRARD) Decreto No.153, ha resultado ser lesiva en la mayor parte de los casos, generando secuelas indeseables como la estigmatización laboral, familiar y educacional.
d)  Existe abundante evidencia académica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas.
e)   La evidencia muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de
Salud Pública y de Derechos Humanos.

Por lo tanto, exigimos que el Estado:
a)   Realice un estudio actualizado sobre el consumo de sustancias en el país y de cómo el imaginario social ve a las y los usuarios de sustancias.
b)  Financie un presupuesto que atienda el área de prevención y educación relativa a las drogas desde una perspectiva de Derechos Humanos y de Reducción de Daños y Riesgos.
c)   Genere espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo.
d)  Fomente la investigación científica acerca de las propiedades terapéuticas y medicinales de sustancias psicoactivas vegetales.
e)   Ejecute políticas públicas referidas a la reducción de los daños y vulnerabilidad de las personas que usan drogas.
f)   Incluya políticas de prevención y educación validadas con datos científicos y honestos desprovistos del prejuicio y mitificación de las personas que usan drogas y de las sustancias mismas.
g)   Reconozca la intimidad y privacidad de las y los usuarios para decidir libremente sus conductas de vida y autodeterminación.
h)  Considere que toda política pública incluya a la persona como sujeto de derecho.

Nosotros, pueblo civil autoconvocado:
Nos comprometemos a impulsar una reforma a la actual política de drogas que se sustente en aspectos socio-sanitarios y de derechos humanos. Esta reforma deberá enfocarse a regular las consecuencias negativas de las actuales políticas, prevenir el consumo abusivo de todo tipo de sustancias psicoactivas y alcoholes y combatir el gran narcotráfico.

 

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