La Iglesia Evangélica Protestante De El Salvador  anuncia su ingreso oficial al Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC por sus siglas en ingles)

El IDPC es una red mundial para la promoción de un debate abierto y objetivo sobre las políticas de drogas. Los miembros del consorcio comparten una misma inquietud: las políticas y los programas nacionales e internacionales que responden al cultivo, la producción, el comercio y el consumo de sustancias fiscalizadas están demasiado centrados en la estricta aplicación de leyes y en sentencias severas. Este enfoque suele traducirse en estrategias ineficaces que no sólo tienen un impacto limitado sobre la reducción de las consecuencias nocivas del mercado ilícito, sino que también pueden provocar importantes repercusiones negativas.

La Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador es un ministerio cristiano inclusivo asociado a la Misión Sacerdotal Tercermundista. Esta institución eclesiástica basada en la fe desea acompañar eficaz y eficientemente al desarrollo sustentable con paz y justicia social. Sus miembros se han encontrado cara a cara con temáticas que conciernen al abuso de sustancias, salud sexual y reproductiva, diversidad sexual y violencia en toda su amplitud. Sostienen que las terapias coercitivas y métodos represivos que se han implementado para “superar” estos “problemas” están obsoletas. Para abonar al cambio social, proponen, como lo dice su lema: “provocar encuentros”. Desde 2012, IEPES ha estado implicado en la promoción del cambio de políticas de drogas en El Salvador, incluyendo la descriminalización del uso de drogas y el acceso a reducción de daños.

El IDPC y la IEPES fomentan la perspectiva de que las políticas y los programas nacionales e internacionales en materia de drogas se deben basar en los principios de los derechos humanos, la inclusión social y la salud pública. Estos programas deberían conllevar procesos de formulación de políticas que sean transparentes y cuyos responsables interactúen de forma significativa con la sociedad civil, especialmente con las poblaciones afectadas por dichas políticas (como los consumidores de drogas y los campesinos que recurren como medio de subsistencia a los cultivos “ilícitos” que se utilizan para la producción de sustancias fiscalizadas).

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