Intervención de la IEPES en ‪la consulta interactiva de alto nivel con sociedad civil #UNGASS2016

La guerra contra las drogas y la fiscalización de sustancias, ha resultado ser lesiva en la mayor parte de los casos, generando secuelas indeseables como la estigmatización laboral, familiar y educacional, además de las consecuencias físicas y psicológicas por tener o utilizar una planta de uso sacramental desde la antigüedad. Existe abundante evidencia científica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas. La evidencia muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de Salud Pública y de Derechos Humanos.

La actual exacerbación de la violencia en El Salvador y Centroamérica es una clara consecuencia de esta infame guerra, lo cual venimos planteando desde que iniciado nuestro trabajo en materia de Reducción de Daños y Riesgos. Venimos advirtiendo que la violencia puede reducirse con la regulación de las sustancias para que además el mercado negro deje de proporcionar sustancias altamente tóxicas y adictivas a las personas que usan drogas y se tenga la posibilidad del autocultivo para uso personal.

No puede desconocerse, ignorarse y en definitiva violentarse, la condición fundamental del Ser Humano, su existencia espiritual, menos aún por los organismos de Estado, sin corromper con ello la naturaleza misma de nuestra convivencia y el Estado de Derecho; es por esto que los Estados Americanos, en la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocieron “…que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.

En 1948 se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reitera en el mismo sentido que “… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”

Luego en 1969, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, los Estados signatarios reafirman su compromiso con el respeto a los Derechos Esenciales, que no tienen su origen en la nacionalidad sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana “…razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos;”

El Derecho está siendo consistente con la Ciencia, que ha reconocido la existencia más allá de la materia, y con la Sabiduría Ancestral, que desde siempre ha visto al Ser Humano ligado al Todo, esencialmente parte de un mismo espíritu. Las personas del mundo contemporáneo legítimamente han incluido la ciencia y la sabiduría en sus vidas cotidianas, desde lo doméstico a lo sacramental -incluidas como herramientas las plantas medicinales y psicoactivas- interesándose en la búsqueda de sentido y trascendencia, salud y bienestar, superando la oferta de una cultura orientada hacia la superficialidad y la materialidad.

Entonces, la dimensión espiritual de la naturaleza humana y los derechos esenciales que de ella emanan, han sido reconocidos y su ejercicio es garantía protegida por el régimen interno de los Estados y por un sistema internacional, de manera que todas las Personas pueden exigir el cumplimiento efectivo de este derecho al despliegue y cultivo de la espiritualidad, tanto al propio Estado como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1969).

Pedimos al Dios de la Historia y la Vida que las delegaciones del Triángulo Norte de Centroamérica ajusten sus posiciones a las necesidades reales de nuestra región y que estas se basen en los derechos esenciales y las libertades individuales, para la consecución de la paz y la justicia social.

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