Iglesias difieren de posición de jerarca católico y dicen aprobar el aborto terapéutico para Beatriz

Por Gloria Morán

SAN SALVADOR – Iglesias que aseguran no compartir el fundamentalismo religioso con el que jerarcas de iglesia católica salvadoreña y fundaciones pro vida, como Sí a la Vida, han actuado ante el caso de “Beatriz”, dicen estar a favor de que a la joven de 22 años se le practique el aborto terapéutico que necesita para salvar su vida.   

La conferencia de prensa fue presidida por integrantes de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador, la Misión Sacerdotal Tercermundista, Católicas Por El Derecho a Decidir y la Iglesia “El Renuevo”.

Martín Díaz, presidente de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador, aseveró que la postura de las iglesias ahí representadas no se pronuncia a favor del aborto como tal, sino a favor del proceso que médicos del Hospital Nacional de Maternidad han recomendado.

“La práctica del aborto es, evidentemente, un problema de salud pública, pero más aún un problema de desigualdad social, económica, étnica y de género; y sobre todo de clara violación al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”, leyó Díaz en el comunicado de la iglesia que representa.

Por su parte Daniela Kreher, de la Misión Sacerdotal Tercermundista, señaló que “debemos dejar de ser cómplices” del sufrimiento de muchas mujeres  a quienes un embarazo les resulta una amenaza contra su vida, tal es el caso de Beatriz.

Rosa Gutiérrez de Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que lamenta las declaraciones en contra del proceso que necesita Beatriz, sobre todo si vienen de hombres “que nunca han sabido que es tener un embarazo de riesgo y que nunca lo sabrán”.

Por su parte la Comisión Bioética sugiere seguir indicaciones del Hospital de Maternidad en el caso Beatriz, aduciendo que ella debe elegir qué quiere hacer y además dice que se debe garantizar el derecho humano fundamental a la vida y a su salud.

De igual forma, dicha Comisión  considera que en el caso de la joven se han violado cuatro principios éticos, entre ellos está el de beneficencia, debido a que las posturas de grupos en torno al caso buscan el cumplimiento de sus principios personales y no de la vida de ella. Otro es el de autonomía, puesto que diferentes grupos han emitido sus opiniones acerca de lo que debería o no hacer Beatriz.

Lo anterior según la Comisión es para cumplir los principios éticos que establece el ejercicio de la profesión médica.

En ocasión anterior…

El apoderado legal de Beatriz solicitó a la CSJ un amparo para que le practiquen un aborto terapéutico, debido a la enfermedad que padece y que el feto que gesta es anencefálico, es decir que no tiene cerebro y, según el diagnóstico, morirá al nacer. La Sala admitió la demanda y ordenó al personal del Hospital de Maternidad que garantice la vida y salud física de Beatriz.

A raíz de ese hecho la titular del Ministerio de Salud, María Isabel Rodríguez, declaró  que sólo esperan la resolución, en la que otorgue un respaldo legal al personal del Hospital de Maternidad para que pueda practicar un aborto terapéutico que necesita Beatriz. Esa resolución aún no visos de aparecer.

De igual manera El Sistema de las Naciones Unidas (ONU), en El Salvador, hizo un llamado a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias a la brevedad posible para proteger el derecho a la vida de una joven.

De igual manera Amnistía Internacional declaró en días anteriores que la demora de la CSJ para responder la demanda de amparo de Beatriz (es “nada menos que cruel e inhumana”.

Así mismo, el pasado 23 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno salvadoreño enviar información, en un plazo de 72 horas, sobre la situación de Beatriz.

Son diversos los sectores a favor de Beatriz, poco los que se han pronunciado en contra; sin embargo el tiempo que ha transcurrido a la espera de la resolución de la CSJ, se vuelve en el peor enemigo de Beatriz, corriendo el riesgo de ser una más en las cifras de “muerte materna”.

Según datos proporcionados por Morena Herrera, de la Agrupación, basada en el Sistema de Vigilancia de Muerte Materna del Ministerio de Salud de El Salvador, el año pasado fallecieron cinco mujeres a causa de embarazos ectópicos; y ocho por cardiopatías, cáncer y una de ellas por SIDA en etapa avanzada.

Intentos de despenalización

En El Salvador, según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, aproximadamente 130 mujeres han sido acusadas de homicidio agravado cuando en realidad lo que sufrieron fue un aborto espontáneo, no todos los casos han podido ser comprobados por la Agrupación, pero sí está el de Manuela, quien falleció dentro de la cárcel por el cáncer que padecía, mismo que la hizo sufrir un aborto.

También el de Sonia Tabora, acusada de homicidio y condenada a 30 años, pero la presión y petición de revisión de su caso ante las autoridades correspondiente permitió que ella saliera libre, y así muchos otros.

En un esfuerzo por declarar inconstitucional las reformas que se hicieron al Código Penal en 1997, en la cual se prohibió todo tipo de aborto, en 2007  El 20 de noviembre del 2007, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, que el Estado no puede actuar punitivamente en “situaciones extremas” cuando una persona “prefiere realizar un hecho típico antijurídico (delito) antes que sacrificar su propia vida”. Por ejemplo el caso de Beatriz.

En la sentencia 18-98-2007, los juristas cuestionaron a la Asamblea Legislativa por no delimitar, en el Código Penal que fue aprobado en 1997, situaciones específicas en embarazos, refiriéndose con esto a permitir abortos cuando sea necesario para evitar la muerte de la madre. La Sala describió en la Sentencia 18-98 2007 abortos terapéuticos, éticos o eugenésicos.

“El legislador se encuentra obligado constitucionalmente a establecer dentro de la normativa jurídica, el ente estatal al que otorgará la competencia para conocer y decidir de la situación planteada, (aborto) los requisitos que deban cumplirse así como las condiciones en las que ha de decidirse si determinada indicación procede o no, de manera previa a la judicialización penal del conflicto”, sentenciaron los ahora ex magistrados Agustín García Calderón, Néstor Castaneda Soto, Enrique Acosta y Mauricio Alfredo Clara.

Sin embargo la Asamblea Legislativa rechazó la inconstitucionalidad citada diciendo que el Código Penal mantiene las pautas del anterior, aunque en el vigente ordena plazos según tipología: para el ético, doce semanas; eugenésico, veintidós semanas.

Fuente: ContraPunto

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