Comisionado Howard Cotto Durante Su Ponencia En El Primer Simposio Sobre Políticas De Drogas de El Salvador

Autoridades están abiertas al debate de nuevas políticas antidrogas y piden más ayuda en la prevención y regulación

El debate sobre la implementación de un enfoque distinto en la lucha contra el tráfico de drogas y una nueva política hacia las mismas, ha alcanzado a El Salvador, país enclavado en la región centroamericana, considerada como un corredor principal para el paso de narcóticos, según Estados Unidos.

El término que se usa para asociar la tan pregonada “guerra al narcotráfico” es la política prohibicionista, que plantea la idea de combatir con represión a los cárteles que mueven droga del sur al norte del continente. Son espeluznantes los datos en cuanto a pérdidas humanas que han arrojado dicha política.

De acuerdo a cifras del gobierno mexicano, la guerra al narco lanzada en la administración de Felipe Calderón Hinojosa (asesorada por el ex comandante guerrillero salvadoreño, Joaquin Villalobos), produjo entre 2006 y 2010 la muerte de 70 mil personas. De ahí que desde varios sectores a lo largo del continente se vea la necesidad de cambiar la política prohibicionista.

Uno de los componentes de ese debate es algo que se sigue viendo con recelo por la sociedad salvadoreña y el mismo gobierno, que ha mostrado su negativa reiterada ante la idea: La despenalización de las drogas.

“Lo que queremos es ampliar el debate, en base a fundamentos, que la guerra contra las drogas fracasó y que ha traído muerte a nuestras sociedades latinoamericanas”, dijo el argentino Mariano Fusero, Secretario de la Mesa Nacional por la Igualdad y jefe de asesores de la diputada María Rachid de la legislatura de Buenos Aires.

Fusero contrasta cómo, a diferencia de las 70 mil muertes de la guerra mexicana al narco en cuatro años, en el mismo período solo han muerto 536 muertes por consumo de drogas en todo el continente

El argentino y otros expertos nacionales e internacionales participaron en el Primer Simposio sobre Políticas de Drogas en El Salvador, organizado por la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador (IEPES), FESPAD, la Maria Guanaca y Fundación un Mundo Mejor, con el apoyo de la Open Society Fundations, la Fundación Friedrich Ebert, el Colegio Medico de Chile y la Mesa Nacional Por La Igualdad.

Según sus organizadores, una nueva política antidroga debe superar el aspecto punitivo del prohibicionismo y ver la realidad desde una perspectiva más integradora, con legislaciones más democráticas, incluyendo para ello el abordaje socio-sanitario del problema.

En agosto de este año, Estados Unidos, impulsor de la política prohibicionista, tomó los primeros pasos para tratar su problema interno de drogas, intentando priorizar el aspecto de salud pública. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció su intención de reducir las penas en casos menores de droga y cambiar los criterios en que estos casos son presentados ante los juzgados.

La intención de Holder buscaría acusar a estos infractores con cargos cuyas penas previstas “son más apropiadas para su conducta individual, en vez de recibir una pena de cárcel excesiva más apropiada para criminales violentos o líderes narcotraficantes”.

Como parte del paquete de reformas, también se empezó a analizar la posibilidad de sustituir algunas penas de cárcel por posesión de drogas por alternativas como “programas de tratamiento” o “servicios comunitarios”.

No obstante, hay muchas dificultades para empezar a adoptar este abordaje en El Salvador, como expresa el Reverendo  Martín Díaz, de la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador. A su juicio, el sistema de salud no se cuenta con un estudio sobre las drogas consumidas en el país y a los estratos sociales que estas tocan.

De acuerdo a Díaz, el gobierno ha mostrado apertura en el debate por la despenalización, y esperan a través de foros y otras actividades como está, tener insumos suficientes para diseñar una política antidroga y una Ley para tratar las adicciones.

Dificultades del gobierno

En El Salvador, el consumo de droga no está penalizado, pero sí su tenencia, procesamiento y comercialización. La ley salvadoreña judicializa la portación de dos gramos o más de una sustancia.

Ricardo Cook, Director de toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad, sostiene que en El Salvador los juzgados no usan el mismo criterio para enviar a las personas a rehabilitación o a la cárcel. La rehabilitación, comenta el funcionario, por lo general se aplica a los menores de edad que cometen delitos relacionados a drogas.

“Necesitamos más asistencia en la atención a las personas dependientes a drogas, prevención y regulación”, reconoce Cook, admitiendo además que el combate a las drogas no ha sido suficiente.

Al mismo tiempo señala que en el país, el consumo de drogas no ha tendido al alza, sino mas bien a la modificación de las sustancias de consumo, suscitándose principalmente la transición de la marihuana al crack.

Mariano Fusero establece que con el prohibicionismo ha aumentado el consumo de drogas en el continente y ha disminuido la calidad de las sustancias.

El director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidrogas, Howard Augusto Cotto, declaró recientemente que el tema de la rehabilitación se debe diferencia de la prevención y el combate a las drogas, manifestando que una de las tres cosas por separado no son suficientes.

“En la rehabilitación, las personas deben ser tomadas como portadoras de una enfermedad que debe ser tratada y curada. El reto no está tanto en cómo se les considera, sino lograr en nuestro país, condiciones en las que nuestro sistema de salud estén en la capacidad de hacerse cargo de las personas y cómo logramos un impacto real en la vida de las personas que son afectas a la droga”, mencionó.

El doctor Sergio Sánchez Bustos, del Colegio Médico de Chile, es de la tesis que el abordaje del tema de rehabilitación, a través de los sistemas de salud pública, no debe recaer en manos de policías y psiquiatras.

Para el galeno chileno, la Psicoterapia de equipos de salud mental ha probado ser más eficiente que la prescripción de medicamentos o las terapias de shock, que todavía se siguen suministrando en el siglo XXI.

“Hay evidencia suficiente que la política de control de drogas causa más daños que el consumo en sí”, puntualiza.

A esto, Mariano Fusero agrega que en el caso de las legislaciones para legalizar las sustancias, estas deben ser claras y no dar lugar a la discrecionalidad de las autoridades.

En la actualidad, 18 estados en Estados Unidos han legalizado la marihuana para uso terapéutico, mientras que los estados de Washington y Colorado lo han hecho para uso recreativo.

Fusero defiende los planteamientos del Juez Federal Argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien ha defendido cómo el autocultivo puede ser una solución frente al narcotráfico.

El Reverendo Martín Díaz, por su parte, aboga por que no se siga criminalizando y cosificando a los consumidores “problemáticos” de drogas, respaldando reformas para que se diferencie el tipo de consumo.

Ricardo Cook se dice abierto al diálogo: “El gobierno no tiene postura represiva frente a las drogas, sino al narcotráfico, por las mismas situaciones y complicaciones en la salud y en la seguridad estatal. Es de sentarse a evaluar las alternativas”.

Fuente: Contra Punto

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *