Por Rvdo. Martin Díaz

– El Estudio 2014-2015: Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina (aquí)
– Investigación El Salvador 2014-2015: Hacia un nuevo enfoque para la regulación de las drogas en El Salvador [aquí

Rvdo. Martin Diaz
Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador

El presente estudio sobre Políticas de Drogas y Opinión Pública representa una herramienta invaluable, especialmente para el país más pequeño del continente, El Salvador. Mostrando perspectivas actuales de la población y aportando datos objetivos se llenan huecos dejados a la deriva por las instituciones públicas en general y por la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) en particular.

Es una investigación de alta calidad con resultados sobre temáticas de crucial relevancia para la convivencia social /comunitaria como el aborto, la aprobación de los matrimonios del mismo sexo, consumo de drogas y eutanasia. Enfoca en temas tabú que se vinculan al ámbito de la vida íntima y más privada de cada persona por un lado, y por otro lado la sociedad en su conjunto y en sus múltiples subculturas “senti-piensan” que deben opinar al respecto, siendo en su mayoría las expresiones condenatorias o represivas/ punitivas, sin argumentos aceptables para los tiempos que corren.

Sostenemos que es una aporte esencial para avanzar en este proceso de cambios para superar las perspectivas marginadoras y violadoras de los Derechos Esenciales de millones de personas en todo el continente y el mundo; apostando por una cultura de paz basada en el respeto mutuo.

Veamos el ejemplo del Aborto:

En el mundo, la mayor causa de muerte en adolescentes, son los embarazos precoces. En En El Salvador la legislación es absolutamente restrictiva, por ende los abortos se practican en condiciones de alto riesgo para las mujeres que en su mayoría están en situación de vulnerabilidad, pobreza extrema, minoría de edad, víctimas de violación, etc.

Muchas mujeres de escasos recursos no tienen más opción, que ir donde una enfermera o un “carnicero” para que “le ayude” a abortar. Mientras tanto las mujeres de clases sociales acomodadas pueden practicarse abortos seguros en clínicas privadas nacionales o extranjeras.

Actualmente en El Salvador existen organizaciones sociales como la Agrupación Ciudadana Por La Despenalización Del Aborto, Católicas por el Derecho a Decidir, el Movimiento por una Cultura Laica y la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador, que a pesar de su diversidad aparente, sus voces abogan por la colaboración intergeneracional, lo cual se ha convertido en un factor importante para la difusión y concientización de la población. Es comprensible el aumento de la aprobación del aborto en la población jóven de El Salvador, pudiendo observar el impacto del trabajo de estas organizaciones con mayor auge a partir de los casos paradigmáticos de “Beatriz” y “Las 17″.

La práctica del aborto es, evidentemente, un problema de salud pública. Pero más aún es un problema de desigualdad social, económica, étnica y de género, y sobre todo, de gravísima violación al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y variados derechos humanos.

Debe tomarse en cuenta que el aborto es una situación límite para toda mujer que se lo practica. El aborto no se hace por satisfacción, sino por desesperación. Hay muchas causas por las que una mujer decide abortar y el Estado está obligado a garantizar su derecho a la salud.

El Estado Salvadoreño por definición es laico y no debería ceder ante la doctrina de una religión o institución, dejando de lado sus obligaciones para con la ciudadanía. Más de un centenar de mujeres han sido condenadas hasta 30 años por aborto debido a prejuicios de autoridades de salud y la legislación obsoleta. Ante la clara inacción de las autoridades salvadoreñas se hace necesario discutir racionalmente la problemática tomando los hechos como punto de partida.

Siendo El Salvador y Bolivia los países con menor aprobación del Aborto (2,09 y 2,47, respectivamente), surge la grave preocupación por la campaña de difamación y las amenazas que sufren las y los defensores de derechos humanos de las mujeres por parte de grupos fundamentalistas interesados en seguir sosteniendo el lucrativo negocio del aborto clandestino. Deberían de ser respetadas, ayudadas y no despreciadas y molestadas por su labor valiente y tan urgente en la sociedad salvadoreña.

Debe buscarse mayor igualdad para todas las mujeres que se ven en la necesidad de hacerse un aborto. Las experiencias que hemos estudiado y acompañado son escalofriantes, complejas, desesperadas. Es impostergable la inmediata educación sexual en las escuelas, que también constituye un derecho de la niñez y las juventudes.

Visión sobre las personas LGBTI (lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales)

En el artículo 1° la Constitución Salvadoreña establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, y que además está obligado a asegurar a los habitantes de la República (todas las personas sin excepción) condiciones que permitan gozar de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

La cruzada por la prohibición del matrimonio igualitario impulsado por grupos fundamentalistas y abanderadas por el partido ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), es una maniobra que vulnera las libertades individuales, violenta derechos fundamentales y además afecta derechos privados o de autonomía de la voluntad de las y los Salvadoreños miembros de las comunidades LGTBI.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, recientemente aprobó con 47 votos de todos los partidos políticos a excepción del FMLN (Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional) y CD (Convergencia Democrática), la reforma constitucional a los artículos 32, 33 y 34 para prohibir el matrimonio igualitario. Para que sea incluida en la Carta Magna esta reforma deberá ratificarse en la próxima legislatura.

De nuevo El Salvador destaca por su bajísima aprobación al reconocimiento de derechos ciudadanos como el matrimonio igualitario. La posición de desventaja social, la desigualdad y la marginación que históricamente ha sufrido la población LGTBI es evidente, pero más indignante es que dicha propuesta se “malutilice” con fines electorales, y que no esté sustentada en el valor de la dignidad humana.

El texto de la reforma que se pretende incorporar a la Constitución define que el matrimonio solamente sea permitido entre un hombre y una mujer “así nacidos” y prohíbe específicamente que personas del mismo sexo que formen pareja puedan adoptar niños. Entraría en vigencia si fuera ratificada en la próxima legislatura con al menos 56 votos.

No es sorpresa que los partidos políticos históricamente ligados a la oligarquía tradicional y a grupos religiosos fundamentalistas tengan esta postura coherente con una mentalidad primitiva en sus acciones excluyentes, sus estrategias represivas y violentas. Muchas veces, si no todas, las personas lgtbi son vulneradas en el acceso al derecho de salud, educación, vivienda, seguridad pública; sufren discriminación de religiosos y servidores públicos, etc. A fin de cuentas es la misma condena, la estigmatización y marginación de las personas con orientación, preferencia sexual, identidades de género distintas a las hegemónicas que destruye ese núcleo fundamental y natural de las familias.

Si bien existe un crecimiento moderado al reconocimiento de los derechos de las poblaciones LGBTI, es innegable que sobre todo en las poblaciones jóvenes de zonas urbanas existe un cambio paradigmático propio de la posmodernidad relacionado a la cultura de consumo más que a una cultura de tolerancia.

La democracia salvadoreña se encuentra en una etapa donde necesita superar conceptos obsoletos y prejuicios sin sentido, dando lugar a una convivencia más respetuosa y equitativa; sin las actuales intromisiones arbitrarias en los derechos de la autonomía de la voluntad de las personas. Ni el Estado ni la iglesia pueden ni deben decidir sobre la intimidad y libertad de las personas, ni sobre sus cuerpos, ni sus mentes.

Actualmente la influencia de instituciones y grupos religiosos fundamentalistas dentro del Estado Salvadoreño son alarmantes, a tal punto de entorpecer las investigaciones impidiendo el esclarecimiento de los crímenes de odio; manteniendo de esta forma los índices de impunidad sobre el 90% y dejando en libertad a los asesinos materiales e intelectuales de los crímenes de odio contra las personas LGBTI.

Es necesario que el Estado Salvadoreño actúe de forma laica conforme a la constitución para superar las imposiciones morales de una creencia específica a toda la sociedad. La exclusión del goce de los derechos fundamentales basándose en motivos discriminatorios por razones de preferencia u orientación sexual es claramente inadmisible e incoherente desde un Estado Constitucional de derechos.

Hacia una nueva política de Drogas

En cuanto a la percepción del narcotráfico es importante destacar que el Estado Salvadoreño no reconoce que cárteles del narcotráfico operan en el país. Sin embargo, el territorio nacional es utilizado como zona de tránsito, redistribución y reexpedición mayormente de cocaína y heroína. Esta tesis de inexistencia de cárteles sigue siendo sostenida por el gobierno a pesar que el “kingpin act” de 2014, firmado por el presidente Barack Obama, incluye al ciudadano salvadoreño José Salazar Umaña (“Chepe diablo”); evidencias claras que demuestran que El Salvador es un ejemplo de la ineficacia teórica y del fracaso operativo de la “Guerra Contra las Drogas “. Según el gobierno en el país sólo existen “colaboradores de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico”.

Si contrastamos los resultados de la pasada entrega de este estudio con la actual, se puede establecer que la percepción sobre el aumento del narcotráfico ha descendido en El Salvador de un 97% a un 60% . Esto puede atribuirse a los altos índices de impunidad y la atribución total del problema de seguridad a las pandillas.

Cabe destacar que en el caso de El Salvador el aumento de la percepción de disponibilidad de sustancias ilegales es más alta entre los mayores de 35 años, respecto de los jóvenes, lo cual podría explicarse por el poder adquisitivo de esta población y al acceso de sustancias de mayor calidad y menor disponibilidad entre los menores de 35 años.

Influye aquí además la proliferación de laboratorios clandestinos para la fabricación local de drogas sintéticas como las metanfetaminas, y la utilización de menores para el narcomenudeo.

En gran medida, la extrema violencia en El Salvador y América Central es producto de la “Guerra Contra Las Drogas”. Sin embargo, la experiencia concreta y los estudios en materia de prevención de la violencia con jóvenes demuestran que cuando se abordan los factores de riesgo desde una perspectiva integral y sistemática se pueden ver no sólo los cambios iniciales a corto plazo, sino también se establecen patrones de convivencia ciudadana que sostiene cambios significativos en toda una generación.

La sociedad salvadoreña debe buscar soluciones audaces y superadoras al problema de la violencia que afecta directamente a los jóvenes (60% de la población); buscando reducir los factores de riesgo como la demanda de drogas y prevenir la violencia. Esto, mediante la aplicación de políticas públicas de Gestión de Riesgos y Reducción de Daños; pues la política de drogas en El Salvador ha sido un tema no abordado adecuadamente desde la perspectiva de salud y de derechos humanos, que están siendo vulnerados y violentados en virtud de una política de control de drogas fundada exclusivamente en criterios represivos y penales. A pesar de que existe abundante evidencia académica acerca de la ineficacia de la política represiva en materia de control de drogas, la evidencia muestra que una política de control de drogas efectiva debe ser fundada en criterios de Salud Pública y de Derechos Humanos.

Finalmente a estas notas quisiera agregar y reafirmar a manera de conclusión lo siguiente:

Para aquellos que nos ocupamos de buscar una solución viable a la actual situación de violencia en el Triángulo Norte y a la reforma a las actuales políticas de drogas, el presente estudio muestra aspectos y herramientas importantes para el análisis, reforzando a nuestro criterio los resultados de la reciente investigación exploratoria “Hacia un nuevo enfoque para la regulación de las drogas en El Salvador”. También deja evidencia de que existe la necesidad de realizar un estudio actualizado sobre el consumo de sustancias en el país y de cómo el imaginario social ve/considera a las y los usuarios de sustancias.

Debe fomentarse la investigación científica acerca de las propiedades terapéuticas y medicinales de sustancias psicoactivas vegetales y sintéticas, generando espacios para analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo. Propuestas que conlleven a la aplicación de políticas públicas referidas a la reducción de los daños y vulnerabilidad de las y los usuarios de drogas prohibidas, la aprobación de un presupuesto que atienda el área de prevención y educación relativa a las drogas desde una perspectiva de Derechos Humanos y Gestión de Riesgos y Reducción de Daños.

En general el presente estudio aporta luces en vistas hacia políticas de prevención y educación, basadas en evidencias, validadas con datos científicos y honestos desprovistos del prejuicio y mitificación de usuarias y usuarios de sustancias y de las sustancias mismas. Toda política pública debe incluir a la persona como sujeto de derecho, reconociendo la intimidad y privacidad de las y los ciudadanos para decidir libremente sus conductas de vida y autodeterminación.

Finalmente resta exhortar a las autoridades y población en general a informarse con mayor profundidad y tomar decisiones responsables y pertinentes.

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