“Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”
Evangelio según San Juan. 8, 32.
La IEPES, Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador y las Comunidades abajo firmantes, como organizaciones de la sociedad civil basadas en la Fe y en profunda consternación por la falta de coherencia de las autoridades y la indiferencia de la ciudadanía en general ante los crímenes de odio perpetrados contra personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y ante el brutal ataque perpetrado contra Aldo Alexander Peña, nos pronunciamos:
Denunciamos las graves violaciones a los derechos humanos, actos barbáricos, estructurales y con alto grado de impunidad que sufren las personas LGTBI.
El Salvador, es un país donde las personas LGBTI se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, donde urgen medidas legales pertinentes y exactas en el ámbito penal, enmarcadas en la teoría jurídica del delito, bajo los preceptos de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para proteger los bienes jurídicos de las personas LGBTI. Tal entendimiento jurídico, lleva a la concepción de lo denominado como “crímenes de odio”.
El crimen de odio, lejos de tratarse de una frase vacía, tiene sustento legal. Considerando que las ofensas al bien jurídico que hacen los crímenes de odio tiene dos significados, primero, el bien jurídico principal como lo es por ejemplo la vida y la integridad física, y segundo, el metamensaje del irrespeto y vulneración a las minorías o seres humanos en estado de vulnerabilidad específico.
Somos conscientes que la diversidad sexual es una característica humana. Tenemos certeza que las iglesias que se dicen seguidoras de Jesús, el Cristo de Dios, han de reconocer, defender y promover la defensa de los Derechos Humanos. Según los Evangelios, la iglesia, la comunidad que tiene como centro a Jesús, debe buscar la unión en la diversidad y hacer visibles los signos del Reino de Dios en la Tierra a través del amor.
El brutal abuso de fuerza a mano de agentes de la Policía Nacional Civil no solo vulnera la integridad física de Alex, sino que envía un mensaje muy claro del irrespeto a las poblaciones más vulnerables. Los Derechos Humanos nacieron para todas y todos, no sólo para las clases que ostentan el poder. Son universales y sirven como una guía iusnaturalista que sirve como una limitante para el Estado, así como lo es el principio de legalidad, para que los aparatos públicos funcionen con el más estricto respeto a sus habitantes, sobre todo a los seres humanos, cuya circunstancia especial, consagrado en el Art. 1 de la Constitución de El Salvador, se tiene por finalidad la persona humana, no el Estado, mucho menos sus mecanismos represivos.
Sin embargo, frente a tanta ignorancia y egoísmo de parte de muchos líderes de grupos e iglesias fundamentalistas que se dicen cristianas, pero no actúan así, les invitamos a profundizar su amor en Cristo y practicar la denuncia profética a la que estamos llamados. Les invitamos a dejar de lado la condena y promoción de asesinatos que son exactamente lo que Dios aborrece y en lugar de ello abrir sus corazones y mentes a las cuestiones realmente esenciales y urgentes.
“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos”
Mt.5,6
Por ello, asumiendo nuestro compromiso histórico:
Denunciamos enérgicamente las amenazas perpetradas por agentes de la Policía Nacional Civil de la Delegación de Ciudad Delgado, ubicada sobre la Calle Juan Bertis, pronunciadas en contra y hacia Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, quienes se desplazaron personalmente a la delegación mencionada, en donde sufrieron amenazas de muerte y confiscación de sus celulares con evidencia probatoria de la violencia sufrida por nuestro hermano Peña.
Exhortamos al Estado Salvadoreño y al Fiscal General de la República, investigar eficientemente y esclarecer todos los crímenes de odio aún abiertos. Exigimos justos castigos a los autores materiales e intelectuales, el resarcimiento económico y asistencia psicológica para las víctimas y sus familias.
Condenamos los ataques cometidos en contra de Aldo Alexander Peña por abuso de autoridad, detención arbitraria y tortura, hechos que violan la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y múltiples instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
Incitamos fervientemente a las organizaciones nacionales e internacionales a ser agudas observadoras y monitorear la situación de extrema violencia en Centroamérica y en particular del llamado Triángulo Norte.
Exigimos la inmediata puesta en LIBERTAD de nuestro hermano Aldo Alexander Peña.
Demandamos a las y los Diputados de la República de El Salvador, elaborar y aprobar una Política Nacional de Diversidad Sexual, que permita construir puentes de entendimiento entre organizaciones de la sociedad civil LGTBI y el Estado. Ustedes eligen si transformar esta situación de odio en una de inclusión e igualdad en El Salvador. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido (Marcos 6,33).
Llamamos nuevamente a las juventudes, a los movimientos y colectivxs a unirse en este clamor, a que pasemos de la indignación a la digna acción defendiendo los derechos y libertades individuales. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían.
¡Alcemos nuestras manos, voces y plumas por la justicia y los derechos esenciales!
¡Basta de indiferencia ante la trans y homofobia!
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Las poblaciones LGTBI son sujetos de derechos. No más discriminación por orientación sexual e identidad de género. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, en especial los más vulnerables. No más violencia contra las poblaciones LGTBI en el Salvador.